* Sin ambiguedad, asumimos los compromisos en favor del gobierno abierto
*El PRI participa activamente en la evolución del marco legal que favorece el acceso a la infomación y la rendición de cuentas
*Un gobierno abierto es tambien un gobierno eficaz
Uno
de los temas prioritarios que se definirán en las plataformas
electorales del PRI para la contienda electoral del 2016 es la
transparencia y la rendición de cuentas, afirmó Manlio
Fabio Beltrones, al recordar a sus colaboradores que en los Diálogos
por el Estado que Queremos (actualmente en marcha en las 13 entidades
donde habrá comicios locales en 2016) se incluye este aspecto como uno
de los ejes de la oferta electoral del tricolor,
en consonancia con los compromisos de la Alianza para el Gobierno
Abierto que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto.
La
cumbre de esa Alianza, realizada en días recientes en la ciudad de
México, definió acciones de gobierno que somos los primeros en asumir
como partido en el gobierno, con la participación
ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas como principios
democráticos básicos. Quien aspire a representar a nuestro partido como
candidato a un cargo de elección popular, deberá asumirlos sin
ambigüedades ni cortapisas, pues se trata de que los
ciudadanos accedan a la información del quehacer del gobierno y
conozcan en detalle y evalúen los asuntos públicos.
El
PRI ha impulsado los cambios legislativos originados en las propuestas
del Grupo Oaxaca que dieron lugar a la Ley de Transparencia de 2001, así
como las reformas aprobadas en la
LXII Legislatura que obligan a la transparencia y el acceso a la
información pública en todos los órdenes de gobierno y en todo organismo
o persona que reciba recursos públicos.
Las
obligaciones están en la ley y ahora se trata de realizar acciones
concretas que las lleven a la práctica como el acceso en línea a los
procesos de contratación pública y de justicia
laboral, familiar o administrativa; a la información del sistema de
justicia penal, así como al padrón de programas sociales para asegurar
el ejercicio efectivo de sus derechos a los beneficiarios.
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